El litígio presentado por Meta contra Voyager Labs, Ltd. el 12 de enero no tiene mérito, revela un malentendido fundamental de cómo funcionan los productos de software en cuestión y, lo que es más importante, es perjudicial para la seguridad pública de EE. UU. y del mundo. Las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley de todo el mundo utilizan este software para analizar sus propios datos de inteligencia internos, así como otra información disponible públicamente para abordar desafíos críticos como la trata de personas, los delitos contra los niños en Internet (ICAC), la violencia de pandillas, los homicidios, el tráfico de drogas y el terrorismo. Este software galardonado respalda el trabajo incansable de estas organizaciones para salvar vidas y mejorar la seguridad pública. Desafiaremos enérgicamente este problema y estaremos seguros de que ganaremos.
Creemos que este litigio es solo teatro público diseñado para confundir a las personas y hacerles creer que Meta, cuyo modelo de negocios se basa, al menos en parte, en beneficiarse de compartir datos de clientes con anunciantes, en realidad está tomando medidas para proteger la privacidad de los usuarios. También creemos que presentar demandas es una parte bien documentada de la estrategia de Meta para desviar la atención del importante escrutinio que ha recibido.
Pero en su aparente afán por emprender acciones legales, Meta ha optado por demandar a una empresa que, contrariamente a lo que afirma Meta, no brinda un «servicio de recolección por contrato» o un «servicio de vigilancia», no vende datos de ningún tipo y cuyo software ayuda a los investigadores encargados de hacer cumplir la ley a analizar solo la información disponible públicamente que los usuarios de las redes sociales han elegido compartir libremente.
Desafortunadamente, es probable que la principal consecuencia del proceso Meta sea la obstrucción potencial del trabajo crítico de las agencias de aplicación de la ley que, a su vez, podría dañar la seguridad pública.